Otra cosa han sido los excesos cometidos por algunos cargos de Banca Cívica contra sus compañeros de CajaCanarias. Aunque no se sabe bien aún quién dio la orden para que se les presionara sobre bajas incentivadas para cumplir con los objetivos de reducción de plantilla. Algunas sospechas sí se tienen.
Al respecto, ya se conoce el informe de la Inspección de Trabajo sobre estos comportamientos antisindicales, que motivaron una reacción en contra de estos métodos del propio Álvaro Arvelo, un hombre muy comprometido con los derechos de los trabajadores de la Caja, que siempre ha defendido. Esta intervención provocó el cese de las presiones, según fuentes sindicales.
El informe de la Inspección de Trabajo ha sido comunicado a los sindicatos y a la propia Caja por el jefe del organismo competente, el inspector José Trasobares de Dios, un hombre con mucho prestigio entre sus compañeros. La inspección para determinar la naturaleza de estas presiones se realizó en determinadas oficinas de La Orotava. El inspector actuante fue José Alberto Sánchez Millán.
En el informe se dice que “se efectuó en fecha 28/06/12 visita de inspección a la empresa Banca Cívica (CajaCanarias), concretamente a determinadas oficinas de la localidad de La Orotava, manteniendo entrevistas con trabajadores y representación sindical acerca de la reunión efectuada con personal perteneciente a distintas oficinas, en la que se les informaba de la existencia de bajas incentivadas en virtud del acuerdo alcanzado con la representación social y de una presunta lista de trabajadores de los que la empresa pretendía prescindir”.
Y añade el informe: “En fecha 05/07/12 comparece en las oficinas de esta Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social representación de la empresa y de los trabajadores, a los efectos de informar del contenido de las reuniones anteriormente mencionadas”.
El inspector actuante advierte de que en el caso de mantener reuniones con los trabajadores para proponerles bajas incentivadas, los citados trabajadores tienen derecho a ser asistidos por sus representantes legales. Lo mismo ocurrirá si las reuniones son mantenidas con toda la plantilla y no con unos cuantos miembros de ella.
El informe concluye que “asimismo (el trabajador) tendrá derecho a ser informado y consultado sobre todas las decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del trabajo y a los contratos con la empresa. Igualmente tendrá derecho a ser informado y consultado sobre la adopción de eventuales medidas preventivas, especialmente en los casos de riesgo para el empleo”.
Este informe zanja la cuestión y, que se sepa, no ha habido más reuniones escabrosas. No obstante, las previsiones de bajas de unos 200 empleados de CajaCanarias acordado por Banca Cívica con los sindicatos se tendrán que cumplir, pero sin presionar a nadie
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