El caso de la denuncia de Ángel Manuel Ojeda es el primero por el que la Fiscalía empezó a acusar de estafa a un responsable de sucursal por la venta de preferentes. Concretamente, un subdirector de una oficina de La Caixa de Córdoba es el que está acusado de estafar a Ojeda y a su mujer, Rafaela Molina, al ocultarles que su inversión de 60.000 euros no era recuperable de forma inmediata.
Ahora, también es la jueza la que califica de estafa el acto que cometió el jefe de sucursal. La resolución de la magistrada del Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba responde a un recurso de la defensa del acusado que solicitaba que se archivara su caso tras conocer el auto de procesamiento, en el que se califican los hechos. La jueza escribe que "no procede el sobreseimiento y posterior archivo de la causa" puesto que existen indicios fundados de la existencia de un delito de estafa. En el documento también decreta "la responsabilidad civil directa" de La Caixa, por lo que la entidad tendrá que afrontar las indemnizaciones que se decretan a las víctimas de la estafa.La jueza escribe en el auto que las participaciones preferentes se les ofertaron "de forma deliberada"
Manuel Ojeda y Rafaela Molina metieron sus ahorros en preferentes en 2002 siguiendo las recomendaciones del subdirector de la sucursal, en la que llevaban cerca de 30 años. En octubre de 2010, esta pareja informó al responsable de la oficina de que tenían la intención de comprar un local con el dinero que habían acumulado en preferentes, una cifra que ascendía a los 60.000 euros.
El subdirector aseguró a ambos que podrían recuperar el dinero y permitió que los denunciantes prosiguieran con los trámites de compra y con la obtención de un préstamo hipotecario. La jueza recuerda en el auto que el acusado "sigue insistiendo, pese a ser consciente de los graves problemas que se estaban originando a nivel nacional para proceder la venta de participaciones, en la liquidez de las mismas". En diciembre de 2010, Ojeda y Molina solicitan la venta de sus participaciones en preferentes y es en ese momento cuando el responsable de la sucursal reconoce "que la venta estaba bloqueada".
En el auto de la jueza se tiene en cuenta que las participaciones preferentes se les ofertaron "de forma deliberada" y "en base a una relación de confianza con la entidad y con el imputado sin que se evaluara la conveniencia de dicho producto", asegura Ojeda a Público.
"Es un paso más y muy importante", asegura el denunciante. "No podemos olvidar que tenemos enfrente a una de las entidades financieras más poderosas de nuestro país que no va a regatear esfuerzos a la hora de hacernos desistir en la defensa de nuestros derechos". Ojeda señala que el proceso "puede ser largo" pero no por ello van a dejar de luchar para que se haga "justicia" y puedan recuperar sus "ahorros". "No vamos a rendirnos ahora", subraya.
Más cerca del juicio oral
El afectado asegura que la entidad financiera "no va a regatear esfuerzos" para que desistanActualmente, se encuentra en la fase del procedimiento abreviado, "el paso posterior a la instrucción y previo a la apertura del juicio oral", explica Ojeda. Este nuevo auto de la jueza todavía puede ser recurrido por las partes ante la Audiencia Provincial, pero un posible recurso no impediría que siguiera el curso habitual del proceso. A continuación, comenzaría la formulación de los escritos de calificación del Fiscal, de la acusación particular y de la defensa, y, tras ellos, la apertura de juicio oral.
Ángel Ojeda recuerda que "no son los únicos que han puesto una denuncia penal por las preferentes" y asegura que los casos son "más numerosos de los que se piensa". Señala que en Villanueva de Córdoba se han colocado estos productos a "personas con discapacidad mental, analfabetas, ancianos con diferentes grados de dependencia" e incluso "menores de edad". "No son una excepción", subraya Ojeda.
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