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La catalana ha dado de plazo hasta el 15 de julio para sumarse al plan laboral en mejores condiciones.
El próximo 15 de julio expira el plazo voluntario otorgado por Caixabank, el grupo bancario de La Caixa, para completar la reestructuración y redimensionamiento de la plantilla de Banca Cívica, fruto de la fusión de Cajasol, Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, tras el proceso de absorción de este grupo de cajas.
Sin embargo, ante la escasa respuesta que a fecha de hoy ha obtenido a ese llamamiento voluntario para acogerse a bajas incentivadas, suspensiones temporales de contrato y prejubilaciones, que tienen que sumar un recorte de 1.500 trabajadores (un 20% del total, que ascendía a 7.750 personas a 31 de marzo), la entidad catalana ha empezado a mover ficha.
En el punto de mira más inmediato se halla el personal que trabaja directamente en los servicios centrales -departamentos jurídico, de riesgos, contabilidad, entre otros- de cada una de las cuatro cajas absorbidas, que van a desaparecer, puesto que serán centralizados en Barcelona, donde tiene La Caixa su sede. Una decisión que se llevará a cabo de forma inminente, ya que el cierre está previsto para finales de julio.
¿Qué es lo que implica? Para ellos hay dos opciones. Por un lado, el traslado a la capital catalana; por el otro, la movilidad hacia otra oficina del grupo reconvirtiéndose para desarrollar su tarea en el ámbito comercial de la entidad.
El grupo catalán ha emprendido así un tanteo a los trabajadores para conocer qué disponibilidad tienen para desplazarse a Barcelona y dejando entrever que, en caso de que no sea una alternativa a considerar, los puestos de trabajo no están garantizados.
Sin embargo, y a pesar de las dos alternativas -traslado a Cataluña o a cualquier otra oficina- lo cierto es que los números siguen sin cuadrar porque hay mucha más gente trabajando en los servicios centrales de las cuatro cajas de Cívica de lo que La Caixa está dispuesta a reabsorber, lo que motivará inexorablemente que se produzcan despidos no pactados.
Sin embargo, y a pesar de las dos alternativas -traslado a Cataluña o a cualquier otra oficina- lo cierto es que los números siguen sin cuadrar porque hay mucha más gente trabajando en los servicios centrales de las cuatro cajas de Cívica de lo que La Caixa está dispuesta a reabsorber, lo que motivará inexorablemente que se produzcan despidos no pactados.
Y en este punto Sevilla es la que se verá más afectada, puesto que las oficinas de la Plaza de San Francisco son las que más personal concentran y podrían quedar desiertas -con presencia testimonial aún por determinar- a fecha de 1 de agosto.
La Caixa contempla que es necesaria la movilidad de 850 trabajadores de Banca Cívica, aunque en esa decisión pesarán las circunstancias familiares.
El pasado 22 de mayo Cívica pactó con los sindicatos el recorte laboral de 1.500 trabajadores, un plan de ajuste que hasta el 15 de julio ofrece condiciones más ventajosas que los 20 días de indemnización que fija por causas objetivas la reforma laboral.
Ese mismo día, en el que Cívica aprobó su integración en La Caixa, la catalana daba a conocer el acuerdo laboral por el que la plantilla procedente de Cajasol mantendrá la retribución anual fija que recibe ahora -a excepción de los variables vinculados a objetivos y resultados- y una progresiva homologación de condiciones durante cinco años.
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